El 20 de enero, el presidente Donald Trump prestó juramento como el 47º presidente de los Estados Unidos. En las últimas semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrestó y deportó a miles de personas. Aunque las cifras de las que ICE informa en la actualidad sorprendentemente no son diferentes de las reportadas bajo la administración de Biden, el presidente Trump ha expresado su descontento con el ritmo de las operaciones y el 25 de enero estableció una cuota de arresto para altos funcionarios de ICE. Según la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), esta cuota se fijó en 75 arrestos por día para cada uno de los 25 agentes, totalizando 1.875 arrestos por día. 

Además, la administración de Trump recientemente eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 350.000 inmigrantes venezolanos que huyen de la violencia y el malestar político. Esta revocación dejará a esas personas vulnerables a la deportación en menos de 60 días, aunque para muchos el regreso a Venezuela podría ser mortal. Trump también firmó una orden ejecutiva que elimina el derecho de ciudadanía por nacimiento, aunque esta orden ha sido bloqueada por varias órdenes judiciales federales y no puede entrar en vigor hasta que se resuelvan estos desafíos legales. Todas estas acciones aumentan la probabilidad de deportación de inmigrantes que aún no han adquirido la ciudadanía.

“El gobierno federal se ha quedado estancado tratando de determinar cómo sería un camino hacia la ciudadanía… y eso desafortunadamente ha dejado a [muchas] personas vulnerables a la deportación”, explicó Fred Tsao, asesor político principal de la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR). 

Para muchos, especialmente aquellos que huyen de situaciones peligrosas, obtener la ciudadanía legal puede llevar años. Para la naturalización, se requiere que una persona mantenga su residencia en los Estados Unidos durante al menos cinco años si no está casada con un ciudadano estadounidense. Además, se requiere pasar una entrevista, exámenes de inglés y de educación cívica. Si bien ésta es una de las pocas formas de adquirir la ciudadanía, está claro que el proceso puede ser largo, difícil y confuso. 

“La mayoría, si no todas,  las personas que se encuentran en el país y que carecen de estatus, están solo tratando de vivir sus vidas. Están criando a sus familias, trabajando, y apoyando a la comunidad. Deberían tener la oportunidad de obtener un estatus legal y convertirse en ciudadanos”, dijo Tsao. 

En el clima político actual, es imperativo que los miembros de la comunidad comprendan cómo ejercer sus derechos y aprovechar los numerosos apoyos disponibles para ellos.

Conozca sus derechos

En caso de que se entre en interacción con ICE, el comandante Anthony Correa de la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Evanston (EPD) explicó los pasos que alguien debe tomar para minimizar la situación y comunicarse de manera efectiva.  

“Si usted ya está hablando cara a cara [con ICE], les preguntaría si está bajo arresto o detenido.
Confirme con qué agencia están y solicite prueba de ello. Si le dicen que lo están arrestando y deteniendo, pregunte por qué y luego ejerza sus derechos”, dijo. 

Los derechos a los que se refirió Correa están garantizados por la Constitución a todas las personas que viven en Estados Unidos. Independientemente del estado de la documentación, la Quinta Enmienda establece que nadie puede ser “privado de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal”. Esto incluye el derecho a permanecer en silencio durante cualquier interacción con las autoridades; Incluso si alguien está bajo arresto, no está obligado a responder ninguna pregunta ni a incriminarse.

“Si usted es alguien con un estatus cuestionable… todo lo que tiene que hacer es dar su nombre y fecha de nacimiento. No es necesario presentar documentación física como una identificación estatal”, explicó Correa.

La Constitución también establece el derecho a un abogado en caso de arresto. Si alguien decide utilizar estos derechos, debe informar a las autoridades diciendo: “Estoy ejerciendo mi derecho a permanecer en silencio y no responderé ninguna pregunta hasta que pueda comunicarme con un abogado”. Independientemente de qué agencia sea, están constitucionalmente obligados a respetar esta declaración. También existe una variedad de números a los que alguien puede llamar para obtener representación legal. El número de la Asociación de Defensores Públicos de Illinois, servicio legal gratuito, es (844)-817-4448. Además, la organización de Tsao, ICIRR, tiene una línea directa de apoyo familiar a la que se puede llamar al (855)-435-7693 y proporciona conexión con un abogado de inmigración, entre otros servicios.

La Quinta Enmienda no es el único derecho útil a tener en cuenta. La Cuarta Enmienda de la Constitución actúa como salvaguarda contra registros o allanamiento de morada no autorizados.

“Si [ICE] llega a su casa y no tiene documentación como una orden judicial, ya sea una orden de allanamiento o de arresto, le recomendaría que se quede en su casa”, dijo Correa.

Es importante comprender que, aunque ICE utiliza órdenes tanto administrativas como judiciales para autorizar registros y arrestos en público, es necesaria una orden judicial para que ICE ingrese a cualquier espacio privado, incluidos hogares y negocios. La diferencia clave entre estos dos tipos de órdenes es que una orden judicial es emitida por un tribunal y firmada por un juez, por lo que es imperativo buscar estas características antes de permitir que ICE a una propiedad privada. 

“A veces, cuando las familias dicen: ‘No le dejaré entrar en mi casa si no me muestra una orden judicial’. Entonces ICE pasa una por debajo de la puerta sin la firma del juez y los atrapa. Asegúrese de que esté firmado por un juez, un juez federal”, dijo Mercedes Fernández, Coordinadora de Enlace Latino e Idiomas de Minorías de ETHS.

Además de asegurarse de que ICE tenga el tipo correcto de orden judicial, las personas también tienen derecho a retrasar la firma de cualquier documento hasta que puedan comprender completamente lo que dice el documento. Ya sea a través de un abogado o un traductor, es imprescindible que alguien comprenda exactamente lo que firma antes de hacerlo. 

“A veces [ICE] dice ‘Tiene que firmar esto’. Y la gente tiene tanto miedo… firman porque tienen miedo, pero están firmando el documento [de salida voluntaria] y no lo saben”, dijo Fernández.

Todos los derechos mencionados anteriormente están disponibles a nivel federal, pero también hay algunos derechos garantizados por los gobiernos de Illinois y Evanston. El Departamento de Policía de Evanston (EPD) no tiene afiliación con ICE y está legalmente protegido contra ser obligado a compartir cualquier información sobre el estado de ciudadanía de una persona. De hecho, el EPD no solicita ni registra esta información ni siquiera cuando presenta informes de arresto.

“Somos completamente independientes del gobierno federal en términos de lo que éste hace cumplir. No colaboramos con ellos, no les brindamos ninguna información que tengamos en base a detenciones o denuncias por lo que no hay un componente que nos vincule con ellos”, dijo Correa.

EPD es un recurso en caso de que los agentes del orden de cualquier rama intenten ingresar a la casa de alguien o adquirir información. Si alguien no está seguro de para qué agencia trabajan los funcionarios, el EPD puede verificar si han sido enviados localmente.

“Puede llamar al 911 y solicitar verificar un despacho si la policía de Evanston está realmente en su casa. También podemos enviar un supervisor para verificar lo que está pasando”, explicó Correa.

En caso de duda, nunca es mala idea contactar a un profesional legal o un miembro del EPD y pedir ayuda cuando esté en contacto directo con agentes de ICE.

Cómo prepararse

Antes de que ocurra un arresto o detención, existen medidas que se pueden tomar para protegerse a uno mismo y a su familia. Una de las cosas más importantes que puede hacer una persona si corre riesgo de ser deportada es elaborar un plan para sus dependientes. Una forma eficiente de hacerlo, según Fernández, es otorgar un poder a un familiar que no esté en riesgo de deportación y hacer conocer esa información a todas las organizaciones relevantes. 

“Llene un formulario indicando quién cuidará de los niños. Tenga una carta para la escuela que diga: “Le doy un poder a [otro miembro de la familia] para que cuide a mis hijos” y entregue esta carta al médico también. 
Si la gente no hace esto, sus hijos podrían ser llevados al DCFS y en dos años estarán listos para ser adoptados”, indicó.

Para limitar el riesgo de detención o arresto de quienes tienen un estatus cuestionado, Fernández también recomienda quedarse en casa cuando sea posible.

“Hay que evitar ir a fiestas o salir de noche a tomar algo”, expresó.

Cuando salir de casa es necesario para una persona indocumentada, tanto Fernández como Correa recomiendan dejar los pasaportes extranjeros en casa y recopilar una serie de documentos que demuestren su residencia y participación comunitaria. Además, si es posible, lleve consigo una licencia de conducir, un registro de manejar y un seguro válido mientras conduce en caso de que la policía lo detenga.

“Conservar las partidas de nacimiento de todos sus hijos para demostrar que tienen hijos. [Guardar prueba] de que pagan impuestos o fotografías junto al lago o lugares de la comunidad. Cualquier cosa que acredite que han vivido aquí y que no tienen antecedentes penales. Es muy útil recopilar todos estos documentos… si es posible, consiga copias y póngalas en una bolsa pequeña y guárdela todo el tiempo”, añadió Fernández.

Para aquellos que no corren riesgo de deportación pero aún pueden ser objetivo de ICE, Correa explica la importancia de llevar la documentación adecuada en todo momento.

“Manténganse alerta. Si tiene documentación que demuestra quién es y que está aquí con un estatus legítimo, llévela con usted para poder agilizar cualquier contacto que tenga con un agente”, indicó.

Quienes tengan más preguntas sobre sus derechos o su seguridad pueden acudir a la oficina de Fernández y obtener información allí.

“Cuando un padre me llama, tengo una lista de recursos que puedo copiar, pegar y enviarles por correo electrónico. No necesitan venir aquí, pero pueden obtener información y hacer preguntas a las personas que no tienen sus documentos legales”, dijo  Fernández.

Alianza

Los miembros de la comunidad que no corren riesgo de ser arrestados o deportados pueden ayudar colaborando activamente con los gobiernos locales y los esfuerzos de los activistas locales. 

“Necesitamos aliados, necesitamos gente blanca, negra y latina que ya sea ciudadana. Pueden protestar. Pueden ir a la ciudad, pueden firmar peticiones, pueden crear grupos de apoyo porque tienen derecho a hacerlo. Pueden representar a sus familias y defendernos”, comentó Fernández.

Fernández también enfatizó la importancia de la unidad entre las organizaciones locales para fortalecer la comunidad.

“Necesitamos estar unidos. La escuela, la comunidad, las empresas locales. Podemos averiguar cómo podemos manejar esta situación, pero sobre todo estar informados en todo momento, porque el desconocimiento nos da miedo y debemos evitarlo”, concluyó Fernández.

Parte de superar la ignorancia es comprender los derechos de todos los miembros de la comunidad y saber que hay recursos disponibles para ayudar sin importar cuán difícil pueda parecer la situación de cada uno. Tsao explicó que seguir siendo acogedor a nivel local es una forma importante de marcar la diferencia para quienes luchan en este momento. 

“Espero que Evanston proporcione un ejemplo para muchas otras comunidades aquí en Illinois y en todo el país que quieren adoptar una postura afirmativa a favor de los inmigrantes y dar el respeto que merecen a nuestros vecinos inmigrantes”.